El pasado día 7 de octubre, la Comisión Europea adoptó formalmente, tras obtenerse la aprobación del Consejo, una propuesta que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a asistencia letrada en los procesos penales.
Previamente, el 10 de septiembre, el Parlamento Europeo celebró una votación que dio luz verde a la Directiva. Esto significa, en la práctica, que todo sospechoso tendrá, a partir de ahora, el derecho a asistencia letrada, desde las fases más tempranas del proceso hasta su conclusión, en cualquier punto de la Unión Europea.
Las nuevas normas aseguran además que tras su detención, los sospechosos puedan ponerse en contacto con su familia y, si están en el extranjero, dirigirse al consulado de su país.
La ley se publicará dentro de unas semanas en el Diario Oficial de la UE, tras lo que los Estados miembros dispondrán de un plazo de tres años para incorporarla a su legislación nacional. Se calcula que tras su entrada en vigor, la nueva ley se aplicará a unos ocho millones de procesos penales al año en los veintiocho Estados miembros.
El derecho a asistencia letrada se regula en la tercera Directiva de una serie de propuestas, todas ellas ya adoptadas, con las que se pretende garantizar en cualquier punto de la Unión Europea los derechos mínimos que configuran la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio imparcial. Las otras dos Directivas recogen el derecho a los servicios de traducción e interpretación (Directiva adoptada en 2010, y el derecho a la información en los procesos penales (Directiva adoptada en 2012).
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