El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró ayer, 5 de noviembre, la jornada «La reforma del TJUE y el tratamiento de la cuestión prejudicial», organizada por la Sección de Derecho de la UE e Internacional, en la que se abordaron las principales novedades derivadas de la reciente reforma del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y los desafíos que plantea su aplicación práctica.
El acto fue inaugurado por Teresa Mínguez, diputada de la Junta de Gobierno responsable de Relaciones Internacionales, quien destacó la relevancia de esta reforma en la historia reciente de la justicia europea. En su intervención, Mínguez subrayó que “el 1 de septiembre de 2024 entró en vigor una de las reformas más trascendentes en la historia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión, una reforma que por primera vez confiere al Tribunal General competencia para conocer determinadas cuestiones prejudiciales”.
Asimismo, explicó que “detrás de esta reforma se encuentra la apertura de un nuevo capítulo en la arquitectura judicial de la Unión, una transformación que rompe con la tradición del monopolio del Tribunal de Justicia sobre el diálogo prejudicial y redefine el equilibrio interno entre las dos grandes jurisdicciones europeas”.
Durante su discurso, Mínguez hizo hincapié en la importancia que este cambio tiene para la abogacía, recordando que “la reforma no afecta sólo a los tribunales, afecta directamente a nuestra práctica profesional. A partir de ahora, los letrados que litigan en estas materias deberán conocer no sólo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sino también la que progresivamente irá construyendo el Tribunal General”. Concluyó señalando que “cada reforma de las instituciones europeas es, en última instancia, una reforma de nuestra democracia, porque detrás de la eficiencia procesal hay un principio más profundo: garantizar un acceso más rápido, más claro y más eficaz a la justicia europea”.
Análisis técnico y perspectivas de la reforma
Tras la apertura institucional, tomó la palabra Ricardo Alonso, catedrático de Derecho Administrativo y de la Unión Europea y director general del futuro Centro Universitario del ICAM, quien ofreció una introducción técnica sobre los fundamentos y el alcance de la reforma. Alonso explicó que esta modificación responde a la necesidad de aliviar la sobrecarga de trabajo del Tribunal de Justicia y de garantizar una gestión más eficiente del sistema jurisdiccional europeo.
Subrayó que la reforma rompe con el monopolio del TJUE en el diálogo prejudicial y que su éxito dependerá de la coordinación entre ambos tribunales y de la capacidad de los profesionales para adaptarse al nuevo escenario.
Asimismo, apuntó que la experiencia práctica durante los próximos años será clave para evaluar su efectividad y su impacto real en la protección de los derechos fundamentales y en la calidad de la jurisprudencia europea.
Desde Luxemburgo, Andrea Gavela Llopis, subdirectora general de Asuntos Internacionales y de la UE y abogada del Estado jefe ante el TJUE, intervino de forma telemática para profundizar en los aspectos procesales y de transparencia introducidos por la reforma. Gavela destacó que el nuevo marco busca una mejor distribución de la carga de trabajo entre los tribunales europeos, sin alterar el equilibrio institucional, y explicó que el Tribunal General asumirá competencias en seis ámbitos específicos: IVA, impuestos especiales, código aduanero, clasificación arancelaria, compensación y asistencia a pasajeros, y comercio de derechos de emisión.
Asimismo, analizó los retos que plantea la reforma en materia de publicidad y transparencia de las observaciones en los procedimientos prejudiciales, señalando que aún queda camino por recorrer para alcanzar un equilibrio pleno entre eficiencia y transparencia, pero se trata de un paso decisivo hacia una justicia europea más moderna y accesible.
Por su parte, Carmen Coello de Portugal, abogada del Estado y autora del libro La reforma del TJUE: competencia prejudicial del Tribunal General, centró su intervención en las garantías procesales y los mecanismos de transparencia del nuevo sistema. Destacó la importancia del denominado sistema de ventanilla única, que permite una gestión más ágil de las observaciones y facilita el control de los procedimientos sin comprometer los derechos de las partes.
Coello subrayó que la reforma ha logrado un equilibrio razonable entre eficiencia y garantías procesales, aunque será necesario seguir de cerca su aplicación práctica para evaluar plenamente sus efectos. Concluyó señalando que el cambio representa un auténtico avance en la consolidación de un sistema judicial europeo más eficaz y garantista.
Finalmente, Fernando Díez Moreno, abogado del Estado (e), doctor en Derecho y ex agente del Reino de España ante el TJUE, abordó los fundamentos y desafíos estructurales de la reforma, destacando que responde a la necesidad de mantener la coherencia y la unidad en la interpretación del Derecho de la Unión frente a la creciente carga de trabajo del Tribunal. Advirtió que la nueva distribución de competencias implica riesgos de fragmentación interpretativa si no se gestiona adecuadamente, y que será esencial un esfuerzo de coordinación y diálogo constante entre el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los operadores jurídicos.
