Con motivo del primer aniversario de la DANA que afectó gravemente a la ciudad de Valencia, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha recordado hoy la necesidad urgente de reforzar el marco normativo que regula la prevención y gestión del riesgo de inundaciones en España. La creciente exposición de la población a fenómenos meteorológicos extremos exige, a juicio del Colegio, una revisión de la legislación vigente para garantizar una protección real y efectiva de los derechos fundamentales.
En este contexto, el ICAM ha redoblado su apoyo a la iniciativa legislativa popular para reformar la Ley de Aguas, actualmente en fase de recogida de firmas. La propuesta, que cuenta con el respaldo de numerosos colectivos profesionales, plantea que la protección de la vida humana y la seguridad de las personas prevalezcan sobre cualquier otro interés en las decisiones relativas al dominio público hidráulico, incluyendo la planificación hidrológica, la ejecución de infraestructuras, la delimitación de zonas inundables o la autorización de usos en terrenos expuestos al riesgo.
El texto, registrado en el Congreso de los Diputados el pasado mes de junio, propone modificar el artículo 14 bis del texto refundido de la Ley de Aguas para introducir este principio como eje rector del sistema, y contempla además medidas orientadas a reforzar la evaluación del riesgo en todas las fases del proceso, mejorar la coordinación entre administraciones y garantizar una participación efectiva de la ciudadanía en los procedimientos que puedan afectar a su seguridad.
La iniciativa ha sido elaborada por un equipo multidisciplinar de juristas especializados en Derecho Ambiental y Administrativo, así como por ingenieros expertos en planificación hidrológica, con el objetivo de aportar una base técnica y jurídica sólida a una reforma que se considera inaplazable.
“Necesitamos un marco normativo que ponga por delante la seguridad de las personas y no relegue la gestión del riesgo a una cuestión técnica”, señala la diputada de la Junta de Gobierno del ICAM, Ester Mocholi. “La trágica DANA de Valencia evidenció las carencias de un sistema que no siempre incorpora criterios de prevención ni una evaluación adecuada del riesgo”.
Según datos oficiales, más de diez millones de personas en España residen en zonas con riesgo potencial de inundación. El Colegio de la Abogacía de Madrid subraya que esta realidad exige una respuesta legislativa clara y ambiciosa, alineada con los principios constitucionales que amparan el derecho a la vida, la integridad física y la seguridad de las personas. Frente a la normalización del riesgo, el ICAM defiende un marco legal que actúe de forma preventiva y transparente, con criterios jurídicos y técnicos orientados a evitar que la gestión del territorio y del agua continúe generando situaciones de vulnerabilidad estructural.
En este sentido, el Colegio madrileño reitera su compromiso con la ILP Ley de Aguas y hace un llamamiento a la ciudadanía para apoyar con su firma esta propuesta de reforma legal que, en palabras Mocholí, “es un paso imprescindible para garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad de todas las personas ante catástrofes previsibles”.