El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha acogido esta semana una sesión especial del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) dedicada a documentar la persecución sistemática contra las mujeres y niñas afganas, en lo que numerosas organizaciones internacionales han calificado ya como una forma estructural de apartheid de género.
Durante tres jornadas consecutivas —del 8 al 10 de octubre— un panel de juristas independientes ha escuchado en la sede del ICAM los testimonios de supervivientes, activistas y expertas afganas que han documentado, con rigor y detalle, las consecuencias del régimen de opresión impuesto por los talibanes desde su regreso al poder en 2021: restricciones extremas a la educación, el empleo, la movilidad y la vida pública de las mujeres, además de casos de violencia institucional, detenciones arbitrarias y represión sistemática de la disidencia.
El diputado de la Junta de Gobierno del ICAM y copresidente del Observatorio de Derechos Humanos, Emilio Ramírez, ha formado parte del panel internacional junto a especialistas de reconocido prestigio en derecho internacional, justicia transicional y derechos de las mujeres. Su participación se enmarca en el compromiso institucional del ICAM con la defensa global de los derechos fundamentales y el impulso a mecanismos internacionales de denuncia frente a violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario.
La celebración de esta sesión especial ha sido impulsada por una coalición de organizaciones afganas e internacionales —Afghan Women’s Organization (Canada), Afghanistan Women’s Political Participation Network, Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), FIDH, Giuristi Democratici, Fondazione Lelio e Lisli Basso, entre otras— y ha contado con la colaboración del Observatorio de Derechos Humanos del ICAM. Las audiencias han sido retransmitidas en directo y seguirán disponibles para consulta pública en los canales habilitados por la organización.
Las conclusiones del panel serán recogidas en un informe final que aspira a contribuir al reconocimiento jurídico internacional de estas violaciones como crímenes de persecución por motivos de género, con el objetivo de avanzar hacia la rendición de cuentas y la reparación simbólica de las víctimas.
El Tribunal Permanente de los Pueblos es una institución internacional de justicia simbólica, fundada en 1979 a partir del legado del Tribunal Russell, que actúa como foro ético y jurídico para juzgar crímenes contra los pueblos y violaciones graves de los derechos humanos cuando los mecanismos institucionales fallan o resultan inaccesibles. Aunque sus sentencias no tienen valor vinculante, sus informes han sido clave para documentar violaciones y activar procesos de memoria, denuncia y reparación en contextos de impunidad.
