El pasado lunes, el Colegio de la Abogacía de Madrid celebró la sesión “Data centers y almacenamiento energético”, organizada por la Sección de Energía del ICAM. El encuentro fue inaugurado por Eugenio Ribón Seisdedos, Decano del ICAM, y María Enciso Alonso-Muñumer, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
En su intervención, el Decano del ICAM subrayó la relevancia de los centros de datos como “infraestructura crítica de la economía digital”, al tiempo que advirtió de los retos jurídicos que plantean en materia urbanística, medioambiental y de seguridad: “Esta escala trae consigo preguntas jurídicas exigentes: clasificación urbanística y compatibilidad de usos, evaluación ambiental y huella hídrica, acceso y conexión, seguridad industrial, protección de datos, reutilización de calor y convivencia con otros usos en entornos urbanos”.
El Decano destacó además el papel de España en este ámbito, señalando que “el plan anunciado para Redeia hasta 2030, con 13.590 millones de inversión en la red de transporte, puede ser determinante para la implantación de nuevos centros y para la resiliencia del sistema ante la demanda digital”. No obstante, advirtió de la necesidad de “seguridad jurídica y procedimientos ágiles y coordinados para que los plazos regulatorios sean compatibles con la innovación y con la atracción de inversión”.
En relación con el almacenamiento energético, Ribón fue rotundo: “Con más renovables, necesitamos guardar energía para usarla cuando haga falta. Baterías, bombeo, soluciones térmicas o hidrógeno dan flexibilidad y estabilidad al sistema. Para que crezcan, hacen falta reglas claras de acceso y conexión, una participación sencilla en los mercados, garantías de seguridad industrial y una buena planificación del territorio”.
Para orientar el debate, el Decano resumió tres prioridades: una visión sistémica que integre a los data centers como actores energéticos, una tramitación administrativa ágil pero con garantías, y el refuerzo de un talento jurídico multidisciplinar. “Como Colegio, nuestra responsabilidad es doble: contribuir a un marco regulatorio previsible y proporcionado, y asegurar la mejor formación para que la abogacía asesore con solvencia a administraciones y empresas en proyectos que afectan a la competitividad del país y a los objetivos climáticos”, concluyó.
La jornada, presentada por Francisco García Gómez de Mercado, presidente de la Sección de Energía del ICAM, y moderada por Javier Guillén Caramés, contó con las intervenciones de Juan José Lavilla Rubira y José Ramón Mourenza, quienes profundizaron en las implicaciones jurídicas de la implantación de centros de datos y de las nuevas soluciones de almacenamiento.
