Cerca de mil colegiados responden en los primeros días la encuesta del ICAM sobre el impacto de los MASC y la Ley de Eficiencia Procesal en los procedimientos judiciales

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) lanzó la semana pasada una encuesta dirigida a toda la colegiatura para evaluar los efectos prácticos de la Ley de Eficiencia Procesal (L.O. 1/2025) en sus primeros meses de aplicación, con especial atención al uso de los Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC). En pocos días, cerca de mil profesionales ya han participado en el sondeo, aportando su opinión sobre las dificultades y retos que plantea la aplicación de la norma, la acreditación de los MASC y su incidencia en la práctica profesional y el acceso a la Justicia.

El estudio se desarrolla a través de dos sondeos: uno abierto a todo el censo de colegiados/as, con el objetivo de conocer su experiencia en los distintos órdenes jurisdiccionales; y otro específico para responsables de despachos de la abogacía de los negocios, centrado en el impacto de la norma en la organización interna, la gestión de clientes y las estrategias de resolución de conflictos.

Desde el inicio de la tramitación de la ley, el ICAM ha mantenido una posición activa en defensa de la abogacía: presentó enmiendas contra la obligatoriedad de los MASC, denunció la falta de homogeneidad de criterios judiciales y pidió la exclusión de los procesos de familia. Además, ha puesto en marcha recursos de apoyo como modelos de documentos, un sistema de certificaciones, un espacio en la web y formación específica para facilitar su aplicación en el ejercicio profesional.

Un informe de balance para la colegiatura

La iniciativa forma parte de un proyecto de la revista institucional OTROSÍ, dentro de su renovada línea editorial enfocada en ofrecer información útil y análisis en profundidad sobre los principales desafíos de la profesión.

Los resultados se publicarán en un informe especial que ofrecerá una visión global de la implantación de la Ley de Eficiencia Procesal y permitirá identificar, con datos concretos, los retos que la abogacía afronta en esta nueva etapa.

El ICAM anima a toda la colegiatura a participar en la encuesta: la contribución de cada profesional es clave para elaborar un diagnóstico sólido y trasladar propuestas de mejora en beneficio de la profesión y de la ciudadanía.

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