El Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, impartió este martes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima una conferencia sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el Estado de Derecho. Desde una perspectiva comparada, Ribón situó la irrupción de la IA como uno de los grandes desafíos contemporáneos para el Derecho, al tensionar principios esenciales de los sistemas democráticos y obligar a repensar el marco normativo tanto en Europa como en Iberoamérica.
Durante su intervención, celebrada en la Facultad de Derecho de la universidad más antigua de Perú y de América, el Decano advirtió que la incorporación de sistemas de inteligencia artificial está transformando la forma en que se toman decisiones en el ámbito público y privado. Además, subrayó la necesidad de replantear principios esenciales del Derecho para garantizar que la tecnología se someta a los valores de la legalidad, la transparencia y la protección de los derechos fundamentales.
En el plano del Derecho público, Ribón recalcó la necesidad de preservar la legalidad y el control judicial en el uso de algoritmos por parte de la Administración y de proteger derechos como la igualdad, la privacidad o el debido proceso. También alertó sobre los riesgos de opacidad en la denominada “caja negra algorítmica” y defendió que los sistemas automatizados deben ser siempre auditables y explicables.
En el ámbito del Derecho privado, el Decano abordó cuestiones como la eventual personalidad jurídica de la IA, la atribución de responsabilidad civil y penal, su papel en la contratación y en las relaciones de consumo, así como los retos emergentes en materia de propiedad intelectual y protección de datos. Así, recalcó que la inteligencia artificial no puede ser considerada sujeto de derecho y que la responsabilidad última debe recaer en las personas físicas o jurídicas que la desarrollan, operan o supervisan.
Un tercer bloque de su exposición estuvo dedicado a la regulación comparada en Iberoamérica, con especial atención al marco normativo peruano, que ha introducido reformas pioneras para sancionar el uso indebido de la IA y promover un desarrollo basado en principios éticos e inclusivos. En este sentido, Ribón subrayó la importancia de avanzar hacia un marco regulatorio común inspirado en los estándares europeos, capaz de equilibrar innovación tecnológica y garantías para los derechos fundamentales.
Finalmente, en sus conclusiones, el Decano recordó que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de progreso siempre que se desarrolle dentro de marcos jurídicos claros y respetuosos con la dignidad humana. “Llegar tarde significaría que las reglas de juego las dicte unilateralmente la tecnología o el mercado. Llegar a tiempo, en cambio, garantiza que la IA florezca en un ecosistema donde imperen la justicia, la libertad y la igualdad, valores eternos del Estado de Derecho que deben perdurar en cualquier era”, afirmó.
Reconocimiento de la Abogacía peruana
Durante su intervención en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, el Decano recibió la Medalla de Honor de la Abogacía peruana, una distinción que subraya su trayectoria profesional y su compromiso con la defensa del Estado de Derecho. La ceremonia de imposición se celebró en presencia de autoridades académicas y representantes de la abogacía peruana, quienes destacaron el valor del trabajo de Ribón en el ámbito jurídico y su contribución a estrechar los lazos entre España y Perú.
Conferencia en la Universidad del Pacífico
En el marco de su estancia en Lima, el Decano impartió también una conferencia en la Universidad del Pacífico, donde analizó la Libertad de Empresa y los límites regulatorios, acompañado por Jaime Rodríguez-Arana, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo (ESP); Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (PER); Ezequiel Cassagne, socio de Cassagne Abogados (ARG); Pierino Stucchi, socio de Stucchi Abogados y profesor de la Universidad del Pacífico (PER).
En su exposición, defendió la necesidad de que los marcos normativos acompañen el desarrollo económico, evitando excesos regulatorios que puedan limitar la innovación y garantizando, al mismo tiempo, que el crecimiento empresarial se produzca dentro del respeto a los principios del Estado de Derecho.
