La Vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Isabel Winkels, intervino el pasado mes de junio en el V Congreso de Infancia, Familia y Capacidad, organizado en Oviedo por la Plataforma Familia y Derecho junto con los Colegios de la Abogacía de Madrid, Barcelona, Oviedo, Valencia, y Málaga, en la que explicó los motivos por los que el ICAM ha solicitado la suspensión urgente de la Ley de Eficiencia en los procedimientos de familia que afecten a menores.
Winkels precisó que la solicitud del ICAM no implica una petición de derogación de la norma, sino una suspensión limitada a su aplicación en el ámbito de familia: “Hemos solicitado la suspensión, pero exclusivamente para los temas de familia –y no la derogación ni su retirada– sino la suspensión para perfilar los contenidos de esos MASC”, indicó. Según explicó la Vicedecana, la entrada en vigor de la ley ha generado, en pocos meses, una serie de disfunciones en los procedimientos familiares que afectan directamente a las personas más vulnerables.
Winkels destacó que esta solicitud ha sido también formulada por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) y que distintos Colegios de la Abogacía de toda España se están sumando a la iniciativa: “Somos la abogacía la que está detectando estas disfunciones”, subrayó, recordando que en el diseño actual de la ley no se tuvo suficientemente en cuenta la experiencia de los profesionales que ejercen directamente con los clientes: “Una cosa es la visión desde el juez del estrado y otra cosa muy distinta los que estamos bregando con el cliente”, explicó.
Además, mostró su preocupación por los requisitos formales para acreditar la negociación previa al proceso judicial: “Tengo que demostrar que he negociado, porque como no lo demuestre de la manera que al LAJ o al juez de turno le gusta, me lo inadmiten. Y luego además te castigan con las costas”.
En relación con los medios alternativos de resolución de conflictos, la Vicedecana del ICAM defendió su utilidad, pero pidió un enfoque más adecuado por parte del legislador, recordando que en la especialización de familia la mayoría de los conflictos se resuelven por acuerdo: “El 81% de los conflictos familiares en 2024 han sido mutuos acuerdos. Ese 81% es, principalmente, trabajo de la abogacía”, aseguró.
Finalmente, Isabel Winkels apeló a la necesidad de revisar la ley en el ámbito de familia, recordando que en este ámbito “no está bien enfocada” e insistiendo en que “estos meses están haciendo daño”.