La XII Cumbre de Mujeres Juristas del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha dado comienzo hoy en el Senado, congregando a más de un centenar de expertas y profesionales del ámbito jurídico para debatir sobre los avances, desafíos y estrategias en la lucha por la igualdad de género.
Durante la primera jornada, cinco mesas redondas han abordado cuestiones clave relacionadas con la Justicia, los derechos humanos y la equidad, poniendo de relieve la importancia de un enfoque integral que combine el derecho, las políticas públicas y la participación social para lograr un futuro más justo para las mujeres.
Mesa 1: «Igualdad: Derecho Humano en Evolución»
La primera mesa redonda de la Cumbre, titulada «Igualdad: derecho humano en evolución», reunió a destacadas expertas en derecho y políticas de igualdad para reflexionar sobre los avances y desafíos en la lucha por la igualdad de género. Moderada por Jesús Sánchez, Decano del ICAB, la sesión enfatizó la necesidad de continuar promoviendo la igualdad como un principio fundamental de la sociedad y el derecho.
Norma Lucía Piña, Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, analizó la evolución del principio de igualdad en la jurisprudencia mexicana. Explicó cómo el artículo primero de la Constitución prohíbe la discriminación y cómo la Corte ha utilizado herramientas como el análisis de proporcionalidad y desigualdad para garantizar sentencias alineadas con este principio. Además, destacó casos emblemáticos que han marcado avances significativos en materia de derechos humanos y equidad de género en México.
Por su parte, Laura Díez Bueso, Magistrada del Tribunal Constitucional y Catedrática de Derecho Constitucional, abordó la evolución de la igualdad en el derecho español. Hizo hincapié en el impacto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la consolidación de la igualdad formal y real, especialmente en el ámbito laboral y político. Resaltó sentencias clave que han impulsado avances en los derechos de las mujeres y subrayó la importancia de la educación en la lucha por la equidad.
Elena Valenciano, Presidenta de Fundación Mujeres y Consejera de Estado, vinculó la igualdad de género con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Subrayó la necesidad de que las políticas de igualdad consideren la diversidad de situaciones que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral y empresarial. Asimismo, defendió la implementación de cuotas de género en posiciones de liderazgo como una medida clave para derribar barreras estructurales en el acceso al poder. Además, Valenciano advirtió de que los avances en los derechos de las mujeres, logrados desde la Segunda Guerra Mundial, están en peligro de retroceder. Aseguró que los valores universales de los derechos humanos, que se creían firmemente establecidos, ahora están siendo cuestionados por poderosas estructuras y regiones del mundo, y señaló que la lucha por la igualdad de las mujeres corre el riesgo de ser desechada debido a una reacción respaldada por grandes recursos económicos, lo que podría poner en peligro los logros conseguidos y convertirlos en una excepción en la historia.
Por último, Mónica López-Monis, Responsable Global de Relaciones con Supervisores y Reguladores de Grupo Santander, aportó la perspectiva empresarial sobre la igualdad de género. Señaló la importancia de que las empresas adopten políticas activas para promover la equidad, desde la recolección de datos hasta la obligatoriedad de candidatas femeninas en procesos de selección. También destacó la legislación española en esta materia, citando leyes clave como la 3/2007 y la 2/2024, que buscan garantizar mayor representatividad femenina en órganos de decisión.
Mesa 2: «Instituciones Protectoras»
La segunda mesa redonda del Congreso, moderada por Teresa Mínguez, Diputada de Relaciones Internacionales del ICAM, reunió a expertos en derechos humanos, igualdad de género y políticas internacionales. Ana Peláez, Ex-Presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, destacó el papel crucial de la CEDAW en la protección de los derechos de las mujeres a nivel global, subrayando el enfoque integral del tratado, que ha sido ratificado por 189 países. Peláez también abordó el concepto de violencia obstétrica, un tema cada vez más reconocido por las Naciones Unidas gracias a las comunicaciones recibidas por el Comité.
Ángela Cámara, Responsable de Impacto Social del Pacto Mundial de la ONU España, se centró en el impacto económico de la paridad de género, resaltando que alcanzar la igualdad beneficiaría a la economía global, aunque se necesitan cambios inmediatos para reducir los 152 años que se estiman para cerrar la brecha de género. En el contexto de España, destacó el progreso de las empresas hacia la equidad de género y presentó el programa «Business and Human Rights Accelerator», una iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para capacitar a profesionales en derechos humanos y asegurar que las empresas implementen prácticas inclusivas efectivas.
Emilio Puccio, Secretario General del Intergrupo del Parlamento Europeo para los Derechos del Niño, habló sobre el marco legal de la UE para erradicar la violencia de género, destacando la reciente normativa que obliga a los Estados miembros a tipificar diversas formas de violencia como delitos. También alertó sobre los riesgos que enfrentan los niños y adolescentes en entornos digitales, señalando cómo el contenido de plataformas como YouTube puede perpetuar la discriminación de género.
Por su parte, Almudena Arpón de Mendívil, Socia de Gómez-Acebo & Pombo y Presidenta de la International Bar Association (IBA), analizó las desigualdades económicas y de acceso a la justicia, resaltando el papel vital de los organismos públicos como la IBA para proteger los derechos humanos en tiempos de cambio político y social.
Finalmente, Teresa Mínguez concluyó la mesa con un análisis sobre las implicaciones de las políticas del gobierno de EE.UU., especialmente durante la administración de Trump, que amenazan los avances en derechos de igualdad y diversidad. Subrayó el reto de las empresas multinacionales que operan en ambos continentes y propuso un firme llamado a la acción para que la UE y España garanticen que las filiales europeas de las multinacionales americanas cumplan con las normativas europeas de igualdad y diversidad.
Mesa 3: «Una realidad práctica»
La tercera mesa redonda centró su discusión en la intersección entre derechos humanos, corrupción y género, bajo la moderación del Diputado de la Junta de Gobierno del ICAM Javier Mata.
La mesa contó con la participación de Concepción Sabadell, ex-Fiscal europea en representación de España, quien abrió la discusión destacando la escasez de datos desglosados por género sobre la corrupción. A pesar de estudios realizados por entidades como el Banco Mundial y Transparencia Internacional que sugieren que una mayor participación femenina en la vida pública podría reducir la corrupción, Sabadell subrayó que no existen pruebas claras de una relación causal. Además, señaló la escasa representación de mujeres en redes de corrupción y la necesidad de realizar un seguimiento sobre su participación en la vida pública
Teresa Jiménez-Becerril, Adjunta primera al Defensor del Pueblo, continuó la mesa discutiendo los avances en derechos humanos en España, especialmente en lo que respecta a la igualdad de género. Destacó logros como la Ley Orgánica 1/2004 sobre la protección integral contra la violencia de género, pero también abordó los desafíos que persisten, como la falta de representación femenina en cargos de alta dirección y la sobrecarga de cuidados familiares. Abogó por una mayor corresponsabilidad en el hogar y el fortalecimiento de la educación para fomentar una igualdad real en todos los ámbitos.
Erika Torregrossa, Copresidenta de la Sección de Derechos Humanos del ICAM, ofreció una reflexión más personal, expresando su preocupación por la situación global de las mujeres y la necesidad urgente de activismo. Hizo un llamado a la acción para asegurar la dignidad y los derechos humanos, recordando que el activismo debe ser el motor para avanzar en una sociedad más justa.
Por su parte, Tania García, Presidenta de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, abordó la crisis de derechos humanos a nivel mundial, subrayando que las violaciones de derechos, especialmente contra las mujeres en contextos como Afganistán, requieren una respuesta contundente y un activismo constante. Cerró la mesa destacando que la protección de los derechos humanos es un compromiso de toda la sociedad.
En conjunto, las ponentes coincidieron en la urgencia de actuar contra la corrupción y las violaciones de derechos humanos, destacando el papel del activismo y la participación femenina en la lucha por la igualdad.
Mesa 4: «El impacto de la violencia de género»
La cuarta mesa redonda, moderada por Carmen Giménez, vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, abordó el impacto multidimensional de la violencia de género, destacando sus consecuencias no solo físicas y psicológicas, sino también en los ámbitos familiar, social y económico. La mesa subrayó la importancia de una respuesta social colectiva para erradicar esta violencia.
Auxiliadora Díaz, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Las Palmas, presentó el nuevo Pacto de Estado, que busca mejorar la respuesta institucional a la violencia de género mediante tres ejes: educación, protección y sanción. Destacó la necesidad de incluir un enfoque de género en todos los niveles educativos para prevenir la violencia y propuso programas de reeducación para agresores. También abordó la violencia vicaria, que afecta a los familiares cercanos de las víctimas, y defendió la formación de jueces en estos casos.
Teresa Peramato, Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, expuso cifras alarmantes sobre las denuncias de violencia de género y la falta de datos sobre menores víctimas. Señaló que los agresores utilizan a los hijos como herramientas de control y criticó la falta de reformas legislativas efectivas para proteger tanto a las mujeres como a los menores.
Por su parte, Eva Silva, Guardia Civil de la Secretaría de Estado de Seguridad, resaltó la importancia de la evaluación policial del riesgo y el protocolo 0, que ofrece atención a víctimas vulnerables sin denuncia. También mencionó la necesidad de considerar grupos específicos como personas mayores y con discapacidad intelectual en las políticas de prevención, así como adaptar estas políticas a los desafíos emergentes, como la ciberviolencia.
Las expertas coincidieron en que es esencial una educación continua en todos los niveles de la sociedad sobre la violencia de género, y subrayaron la importancia de un trabajo interinstitucional que combine la atención social, la justicia y la educación. La mesa concluyó con un llamado a seguir desarrollando estrategias que garanticen la protección de las víctimas y la rehabilitación de los agresores, resaltando el papel fundamental de las organizaciones civiles en este proceso.
Mesa 5: «Economía, Igualdad y Derechos Humanos»
La quinta mesa del Congreso, “Economía, igualdad y Derechos Humanos”, fue moderada por José Ramón Couso, Diputado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, que abrió con una reflexión sobre la relevancia histórica del evento y los desafíos enfrentados a lo largo de los años, como la pandemia de COVID-19.
Amelia Pérez, Decana del Colegio de Economistas de Madrid, centró su intervención en la importancia de visibilizar el rol de la mujer en la economía. Presentó estadísticas sobre la baja representación femenina en campos como las ciencias y la tecnología, además de subrayar la desigualdad en la conciliación laboral y la mayor tasa de bajas laborales entre mujeres. Destacó la escasa presencia femenina en los consejos de administración, lo que refleja las barreras persistentes en el acceso a cargos de liderazgo. Por otro lado, abordó la necesidad de una educación inclusiva y de políticas que fomenten la equidad en los sectores productivos.
Carmen Boulet, Delegada de las Áreas de Economía e Internacional del Consejo General del Notariado, profundizó en la intersección entre economía, derechos humanos e igualdad de género. Destacó cómo la desigualdad económica afecta de manera particular a las mujeres, señalando que, a nivel mundial, 2.400 millones de mujeres carecen de las mismas oportunidades económicas que los hombres. Aportó datos sobre las brechas salariales y la escasa representación de las mujeres en la producción agrícola, y argumentó que la desigualdad económica perpetúa otras vulneraciones de derechos humanos, como la violencia de género.
Por su parte, Emma Gumbert, Vicepresidenta de PIMEC, continuó resaltando la importancia de integrar la perspectiva de género en las políticas económicas, subrayando que las mujeres contribuyen significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) de España, pero carecen de un reconocimiento adecuado. Llamó a la acción para generar políticas que fomenten la igualdad y empoderen a las mujeres en sectores económicamente menos beneficiados.
Finalmente, Maite Parejo, Copresidenta del Observatorio de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, cerró la mesa destacando las desigualdades que persisten para las mujeres en el ámbito laboral, como la brecha salarial y la violencia económica de género. Subrayó la necesidad de reformar las políticas económicas actuales para garantizar la igualdad de oportunidades y visibilizar la contribución de las mujeres en la economía. Con un firme llamado a la acción, instó a la creación de un entorno que respete y promueva la igualdad de género, especialmente en las políticas económicas.
