El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró el pasado 26 de febrero la jornada «La reforma de las directivas sobre contratos del sector público», organizada por la Sección de Derecho Administrativo del ICAM en colaboración con la Sección de Derecho Administrativo del ICAB y la Sección de UE e Internacional del ICAM. La sesión reunió a expertos y profesionales del sector para debatir sobre los principales retos y propuestas de reforma en la contratación pública.
El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, en su intervención, subrayó la necesidad de una transformación profunda en el modelo de contratación de servicios jurídicos en España. «La abogacía no es un servicio que pueda reducirse a una mera subasta», afirmó con contundencia, criticando el actual sistema que prima el precio sobre la calidad y la especialización. En este sentido, anunció el Plan de Acción para la Reforma de la Contratación Pública en Servicios Jurídicos, una iniciativa impulsada por el ICAM para cambiar el modelo de licitaciones que rige actualmente en la contratación pública de servicios legales.
«Desde el ICAM creemos que ha llegado el momento de cambiar este modelo. Hemos trabajado en una propuesta de reforma legislativa que presentaremos como enmienda en el Congreso en las próximas semanas«, explicó el Decano. Esta iniciativa busca que los servicios jurídicos sean reconocidos como servicios de carácter intelectual, garantizando que su adjudicación no dependa exclusivamente del precio, sino que se valoren factores como la especialización, la trayectoria y la calidad.
La propuesta, promovida desde el ICAM por la diputada responsable de Relaciones Institucionales, Roberta Poza, -y desarrollada por Alberto Dorrego, presidente de la sección de Derecho Administrativo del ICAM e impulsor de esta jornada- responde al compromiso adquirido en la Medida 9 del Programa de Gobierno de la Junta.
Más allá de la enmienda legislativa, el Decano destacó que este plan de acción incluirá reuniones con actores institucionales clave, grupos parlamentarios y organismos reguladores con el objetivo de generar consenso. «No podemos permitir que la calidad de la asistencia jurídica que se presta en el ámbito público siga viéndose afectada por un criterio economicista», afirmó, haciendo un llamamiento a toda la abogacía para sumarse a esta reivindicación.
La jornada también permitió abordar otros aspectos clave de la contratación pública de servicios jurídicos. Alejandro Jiménez Marconi, presidente de la Sección de Derecho Administrativo del ICAB, comenzó la sesión destacando la urgencia de reformar un sistema que, al centrarse en el precio, perjudica tanto a la Administración como a los ciudadanos. José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo y director del Observatorio de Contratación Pública, profundizó en las deficiencias del modelo actual y en las propuestas que desde el Observatorio se han planteado para garantizar procesos de licitación más justos y eficaces.
Enrique Braquehais, copresidente de la Sección de UE e Internacional del ICAM, y Carlos Melón, socio de Ramón y Cajal Abogados, aportaron su visión sobre las directivas europeas y las reformas necesarias en la legislación vigente, insistiendo en la necesidad de un cambio estructural que beneficie a la calidad de la abogacía y la defensa del Estado de derecho. Durante el debate, también se analizaron las prácticas de contratación en otras profesiones, como la arquitectura y la ingeniería, donde ya se priorizan criterios de calidad sobre el precio, y se cuestionó por qué la abogacía sigue siendo tratada de manera diferente en este ámbito.
En la parte final de la jornada, se plantearon desafíos como la tendencia a las ofertas anormalmente bajas, que comprometen la calidad del servicio, y la desconexión entre la regulación administrativa y la realidad práctica de la abogacía. Se concluyó con un llamamiento a la unión del sector para impulsar una reforma que dignifique la contratación de servicios jurídicos y garantice su calidad en beneficio de la sociedad.
