La Sección de Abogados Penalistas del ICAM celebró ayer una jornada dedicada a analizar la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuyo grueso normativo entrará en vigor el próximo 3 de abril. El evento, que contó con una gran asistencia de profesionales del ámbito penal, sirvió como espacio de debate y reflexión sobre los cambios que introduce esta reforma en la práctica judicial.
La jornada fue presentada por Ester Mocholí, Diputada de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Secciones, quien agradeció la presencia de los asistentes y subrayó la importancia de conocer en profundidad los efectos de esta reforma en la práctica procesal penal. En su intervención inaugural, Mocholí destacó la necesidad de analizar el impacto de cuestiones como la competencia, la denuncia telemática, el nuevo régimen de conformidad, la audiencia preliminar y los procedimientos para el enjuiciamiento rápido, así como la justicia restaurativa y la atención a víctimas menores de edad.
El panel de expertos estuvo moderado por Rubén Martín de Pablos, copresidente de la Sección de Abogados Penalistas, y contó con las intervenciones de Antonio Abellán Albertos, abogado del ICAM; Ignacio González Vega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid; y Mar de Andrés Vázquez, abogada del ICAM y mediadora.
Durante la sesión, se abordaron las modificaciones en la competencia judicial, la implementación de la denuncia telemática como herramienta de acceso ágil a la justicia, la nueva regulación de la conformidad aplicable a toda la gama punitiva y la audiencia preliminar obligatoria en todos los procedimientos. Esta audiencia tiene el objetivo de depurar la prueba, valorar la posibilidad de conformidad y abordar cuestiones previas. También se discutieron las reformas en la ejecución penal, con adaptaciones en los procedimientos y nuevos métodos de resolución de conflictos, la justicia restaurativa y la mediación penal, herramientas que permiten una resolución alternativa centrada en la reparación del daño a la víctima.
Además, se trataron las novedades en los procedimientos con víctimas menores de edad y en los casos de violencia sexual, con especial atención a la centralización de competencias en órganos especializados, así como el impacto de la reforma en la práctica profesional de los abogados, con los nuevos retos que supone la mayor carga de procedimientos y requisitos.
Al término de la jornada, Rubén Martín de Pablos sintetizó los principales puntos tratados, destacando el impacto de la nueva regulación en la conformidad, la audiencia preliminar obligatoria y la justicia restaurativa, que se perfila como una herramienta clave en el nuevo escenario procesal penal. «Los compañeros han acogido con interés estas novedades, especialmente en lo relativo a la mediación penal, que sigue siendo una gran desconocida y con un enorme potencial», afirmó Martín de Pablos.
