La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, ha participado durante el día de hoy en la conferencia inaugural de la IV edición del Business and Human Rights for Legal Practionners de la UIA, junto a la expresidenta de la UIA, Urquiola de Palacio; la vicedecana de Programas del IE Law School, Eugenia Castrillón; y la copresidenta del Comité Internacional de Derechos Humanos de la American Bar Association, Wendy M. Taube.
Este prestigioso foro, que conjuga el sector privado con los derechos humanos, se celebra desde 2022 en Madrid y dio ayer su pistoletazo de salida con una recepción institucional que tuvo lugar en el patio de la sede del ICAM.
En su intervención inicial, la vicedecana ha destacado las crecientes medidas implementadas por las empresas para fomentar los derechos humanos y la sostenibilidad tanto en Europa como en las distintas regiones del mundo. Concretamente, la vicedecana ha señalado que, en Europa, el cambio de enfoque empresarial se explica principalmente por la adopción de las recientes Directivas Europeas sobre sostenibilidad como la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) o la Directiva sobre Diligencia Debida de Sostenibilidad de Sostenibilidad (CSDDD).
En este sentido, Isabel Winkels, ha mencionado que este cambio en el paradigma empresarial parte de lejos. Ha destacado así el papel de las orientaciones y guías internacionales que, desde el año 2000, han ido construyendo un marco y un modelo de crecimiento basado en la ética, la sostenibilidad y el respecto a la dignidad humana tras la adopción de los 10 Principios del Pacto Mundial, los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas y los más recientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. “Lo que antes se veía como una iniciativa opcional y voluntaria, hoy se convierte en una obligación legal, moral y estratégica”, ha subrayado.
Por otro lado, la vicedecana no ha querido obviar los desafíos que todavía representan la implementación de este tipo de medidas. Ha subrayado que, en España, por ejemplo, aunque el 63% el conjunto de las empresas españolas está “muy o extremadamente” confiadas en cumplir con la CSRD, las empresas se preocupan por la disponibilidad, la calidad de los datos, la complejidad de las cadenas de valor y la falta de profesionales como obstáculos para cumplir con la nueva directiva.
La Vicedecana ha concluido su intervención asegurando que los profesionales del derecho, los despachos, y las instituciones de abogacía deben contribuir más que nunca a que las empresas puedan ejercer su potencial como agentes del cambio.
“No debemos ser meros observadores, sino actores clave en la asesoría, implementación y cumplimiento de estos marcos regulatorios. A través de nuestra labor, debemos de ayudar a las empresas a cumplir con sus obligaciones, no solo para evitar sanciones sino también para mejorar su reputación y, más importante aún, para contribuir a un mundo más justo y equitativo.”
En este sentido ha recordado el compromiso del ICAM en la materia, recordando la implementación del Observatorio de Derechos Humanos del ICAM y, concretamente, el Grupo de Trabajo específico sobre Derechos Humanos y Empresas.
En cuanto al panel, la vicedecana ha ejercido de moderadora en una mesa sobre la obligación ética de la abogacía, compartiendo el escenario con Steven M. Richman, codirector de la Sección de Estado de Derecho de la UIA; y Teresa Ruano Mochales, Senior Associate en Pinsent Masons y Profesora de Derecho Penal y Cumplimiento en el IE.
En este espacio, la vicedecana ha guiado la conversación para abordar el desarrollo de las ultimas regulaciones al respecto, mencionado particularmente el U.S. Corporate Transparency Act (CTA) u otras recientes directivas europeas sobre blanqueo de capitales (AML) y gobernanza corporativa, las cuales amplían las responsabilidades de los abogados, especialmente en transacciones transfronterizas.
