En el marco de la celebración del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha organizado un Foro Justicia especial que ha contado con la participación de Miguel Ángel García Martín, Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid.
La sesión ha comenzado con un significativo discurso del Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, quien ha puesto de manifiesto las reivindicaciones esenciales del ICAM para mejorar el servicio público fundamental de justicia gratuita.
Ribón ha destacado que la asistencia jurídica gratuita es “un derecho fundamental, comparable a la sanidad o la educación, y vital para garantizar la tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos”, especialmente a aquellos con dificultades económicas, y ha reivindicado una mayor y necesaria colaboración entre los profesionales del Turno de Oficio y las Administraciones públicas.
Así, en presencia del consejero de Justicia, Ribón ha recalcado que la Junta de Gobierno del ICAM “está firmemente comprometida con las reivindicaciones de nuestros compañeros, que exigen mayores recursos y mejores condiciones para desempeñar su labor de manera eficaz y digna».
Durante su discurso, Ribón ha insistido en la “necesidad urgente” de modificar la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, afirmando que «desde su entrada en vigor hace 27 años, nuestra sociedad ha cambiado significativamente, pero la ley apenas ha sido modificada, lo que pone en peligro el acceso a la justicia para todos los ciudadanos».
Hoja de ruta del ICAM
En este sentido, el Decano ha enumerado una serie de medidas imprescindibles para mejorar el sistema de justicia gratuita, entre las que se incluyen:
- Pago de todas las actuaciones: Todas las actuaciones de los profesionales designados por turno de oficio deben ser abonadas, incluso si se deniega la justicia gratuita al solicitante.
- Justicia gratuita para personas jurídicas: Incluir el beneficio de justicia gratuita para la defensa de personas jurídicas en procedimientos penales cuando la designación sea a requerimiento judicial.
- Baremo digno y actualización: Fijar baremos adecuados que retribuyan justamente las actuaciones de los profesionales y establecer un método de actualización periódica.
- Prestación no obligatoria: Modificar la obligatoriedad de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita para todos los colegiados, una imposición considerada injusta y anacrónica.
- Ajuste de límites económicos: Ajustar los límites económicos de acceso al beneficio de justicia gratuita, actualmente referenciados al IPREM, para no restringir el derecho de acceso a la justicia a personas con pocos recursos.
- Conciliación laboral: Garantizar el derecho a la conciliación de los abogados y abogadas para equilibrar su vida profesional y personal.
- Desconexión digital: Asegurar el derecho a la desconexión digital y al descanso de los abogados para que sea similar a otros sectores.
- Reducción de carga burocrática: Disminuir la carga burocrática para permitir a los abogados de oficio centrarse en la defensa de sus clientes.
«La justicia gratuita, el turno de oficio y el conjunto de la abogacía son pilares fundamentales de nuestra democracia y del Estado de derecho. Es nuestra responsabilidad asegurar que se mantengan fuertes y eficientes para servir a todos los ciudadanos por igual», ha concluido el Decano del ICAM, Eugenio Ribón.
Para finalizar su discurso, el decano del ICAM ha apelado a los operadores jurídicos presentes en la sala a empatizar con los profesionales del Turno: “cuando vean un abogado de oficio, mírenle con la máxima empatía, ese abogado en ocasiones lleva 24 horas de guardia seguidas sin descansar. Véanle con los valores que representa, es un héroe al servicio de la ciudadanía”.
Acuerdo de largo alcance
Cuando se cumple prácticamente un año desde su llegada a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín ha realizado un balance sobre el estado de la Administración de Justicia en la región en términos de dotación de recursos, infraestructuras y digitalización.
A nivel presupuestario, García Martín ha destacado “el empeño del Ejecutivo autonómico para que todos los madrileños puedan acceder a este servicio público para sufragar el coste de este servicio tan necesario para las personas más vulnerables, recordando que los baremos establecidos en la región se “muy por encima de los aprobados por el Ministerio de Justicia”. Con un millón y medio menos de habitantes de los que residen en los territorios dependientes del Ministerio de Justicia, explicaba, “destinamos 3,5 millones de euros más”, casi un 30% más por persona.
También ha puesto en valor el incremento de la dotación presupuestaria en 2024 para garantizar este derecho constitucional de un 9,2% con respecto a 2023 hasta alcanzar los 56,3 millones de euros, sufragando la subida de todos los módulos de abogados de forma lineal un 4% y la creación de cuatro nuevos baremos por actuaciones profesionales no contempladas en el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita -recurso de apelación contra auto de prisión, escrito de reconvención, orden de alejamiento y doble condición acusación/defensa-.
Este esfuerzo presupuestario se ha visto acompañado por un impulso del diálogo institucional para cerrar un acuerdo de largo alcance con la abogacía para dar estabilidad y confianza a todos los profesionales adscritos al turno de oficio. Un acuerdo, que según ha avanzado, espera poder tener cerrado a la vuelta de verano.
“Las personas cuando realizan su trabajo tienen que tener certidumbre, y por eso el compromiso que adquirí de tratar de llegar a un acuerdo de largo plazo, no podemos seguir actualizando los baremos presupuesto a presupuesto, sino que puedan tener una actualización constante para que los profesionales no pierdan poder adquisitivo y tengan una cierta certidumbre a la hora de realizar su trabajo”, ha precisado.
En el ámbito de las infraestructuras, el Ejecutivo autonómico actuará sobre el 90% de los órganos judiciales a lo largo de la presente legislatura, con una inversión superior a 830 millones de euros en los próximos años. La construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid representa el mayor proyecto, con un presupuesto estimado de 683 millones de euros y la unificación de 26 sedes judiciales en una sola parcela ubicada en Valdebebas. El complejo, según anunció el consejero, contará con espacio para el Colegio de la Abogacía de Madrid.
El encuentro, en el que han estado presentes los Diputados de la Junta de Gobierno Juan Manuel Mayllo, Lola Fernández y José Ignacio Monedero, ha contado con numerosas autoridades del ámbito jurídico y de la administración local, como el presidente de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte; el presidente de la Audiencia Provincial, Juan Pablo González González; la viceconsejera de Justicia, Carmen Martín García-Matos; la Directora General de RRHH y Relaciones con la Administración Justicia, Alejandra Bernal; la Vicedecana del Colegio de Procuradores de Madrid, Carmen Giménez; o el abogado Antonio Garrigues.
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