El Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, acompañado por el diputado 2º de la Junta de Gobierno del ICAM, José Ramón Couso, ha mantenido esta mañana un encuentro con el portavoz de Justicia de Ciudadanos, Edmundo Bal en el marco de los encuentros en el Congreso con Grupos Parlamentarios para tratar sobre la huelga de Letrados de la Administración de Justicia como tema destacado.
En referencia a este conflicto y dentro del interés del Colegio por facilitar una rápida solución, Ribón ha trasladado a Bal la “honda preocupación” de la abogacía por la huelga de LAJs y los déficits advertidos en la mesa de negociación, que han prolongado el conflicto durante cinco semanas hasta el momento, con más de 223.00 vistas suspendidas y cerca de 1000 millones de euros bloqueados en las cuentas judiciales. En este sentido, el Decano ha destacado la importancia de la función del control parlamentario como instrumento esencial en la búsqueda de una solución al conflicto.
Otro de los temas tratados durante el encuentro ha sido la sentencia del Tribunal Supremo que anula los criterios orientadores en materia de honorarios a efectos exclusivos de tasación de costas ha sido otro de los temas abordados en la reunión. Ribón ha informado a Bal de la interposición de un incidente de nulidad de actuaciones ante el propio Tribunal Supremo y ha demandado “una respuesta legislativa urgente” que permita a los ciudadanos y empresas conocer de modo anticipado los eventuales costes que puede suponer un proceso judicial en caso de desestimación de la pretensión para poder valorar su conveniencia.
Además, ambas partes han tenido oportunidad de intercambiar impresiones sobre el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital, sobre el que Ribón ha puesto el foco en distintos apartados como la necesaria compatibilidad de sistemas a considerar en el artículo 5 de la norma, la inclusión de un enlace para la gestión de cita o la solicitud de asistencia jurídica gratuita a adicionar en un nuevo apartado del artículo 6. En este sentido, también ha reivindicado una modificación del artículo 60 que asegure el libre acceso de los profesionales del derecho a las oficinas judiciales sin necesidad de cita previa.
Ribón ha alertado una vez más de la ausencia de profesionales de oficio disponibles para la atención de personas jurídicas ante la falta de reconocimiento de estas en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la ausencia de un convenio con el Ministerio para su retribución, como si existe, sin embargo, con la Comunidad de Madrid. Según ha explicado el Decano, la desatención de esta necesidad pese a las reiteradas peticiones del ICAM, “pone en severo riesgo la posibilidad de prestación del servicio de asistencia letrada” si no se da una respuesta urgente, lo que supondrá la paralización de procesos penales de muy notable trascendencia.
En la reunión el Decano también pidió apoyo a Ciudadanos para una de las prioridades de esta Junta de Gobierno: la conciliación y la salud mental de los profesionales de la abogacía.
Así, Eugenio Ribón, le trasladó las situaciones que sufren los abogados/as cuando en situaciones de enfermedad e incluso hospitalización de ellos o sus familiares los plazos no se suspenden y también la necesidad de actuar de forma urgente en el ámbito del bienestar mental.
En este sentido, el Decano de la abogacía de Madrid ha reiterado la necesidad de establecer un marco normativo adecuado que asegure la conciliación de los profesionales, habiéndose demostrado el actual art. 188 LEC “como manifiestamente insuficiente”. “La abogacía no puede ser el único operador jurídico esclavizado sin derecho a conciliar”, ha asegurado Ribón, reclamando la dignidad que merecen los profesionales y los propios justificables ante situaciones personales que son incompatibles con una defensa letrada con el rigor exigible.
Por su parte, el diputado 2º del ICAM, José Ramón Couso, ha expuesto la preocupación de la abogacía ante el rumbo adoptado por los proyectos normativos referidos a la autoridad supervisora financiera y las acciones de representación, que debiera haberse transpuesto a nuestro ordenamiento antes del 25 de diciembre de 2022 y que compromete el ejercicio del derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.