22
Febrero
2019

Hoy, en la segunda edición del Congreso Mundial de Derecho Digital celebrado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, la diputada Esther Montalvá ha moderado una mesa en las que expertos en privacidad de reconocimiento nacional e internacional han hecho balance sobre los últimos nueve meses en los que se ha aplicado el reglamento europeo de protección de datos.

En la mesa han intervenido Borja Adsuara, profesor, abogado, y consultor de estrategia; José Luis Piñar, catedrático de derecho administrativo y ex director de la agencia española de protección de datos, además de ser el actual DPO del Consejo General de la Abogacía Española; Belén Arribas, abogada y socia de Andersen Tax and Legal; y Ramón Miralles, abogado y vocal de la Comisión de Transformación Digital del Colegio de la Abogacía de Barcelona.

Los ponentes y la moderadora han debatido sobre la realidad de la implementación del RGPD en el tejido empresarial español, han criticado los puntos más controvertidos de la nueva ley orgánica de protección de datos y se han autoimpuesto tareas a acometer en los próximos meses: la abogacía tiene la tarea de asesorar en la adecuación de los modelos de implementación aplicados a cada tipo de empresa, concienciar a los clientes y a la ciudadanía, y acompañar a las entidades, sobre todo a las PYMEs, en todo el proceso.

La diputada Esther Montalvá,  tras las ponencias abordadas durante la mesa redonda, ha extraído las siguientes conclusiones:

  • El tratamiento de datos de carácter Personal  en relación a la ideología política no es controvertido; lo que es controvertida es la ley, que no es fiel al reglamento en ese punto
  • En el inicio de una campaña electoral que será inusualmente larga, los expertos ponen en duda que la nueva LOPD proteja debidamente los derechos de los ciudadanos reconocidos en el reglamento europeo de protección de datos
  • La abogacía y la empresa siempre han actuado movidas por el miedo a la sanción, pero hay que acostumbrarse a priorizar la voluntad de proteger los datos de los clientes, lo que implica un cambio radical de actitud
  • La implementación del reglamento general de protección de datos en las empresas es desigual. La pequeña y mediana empresa sufre por su falta de recursos y las grandes compañías, simplemente, han consolidado una cultura de privacidad que ya venían aplicando
  • La responsabilidad proactiva que ha impuesto el reglamento genera incertidumbre no solo para la empresa sino también para las autoridades supervisoras y los juzgados que, en última instancia, decidirán sobre las controversias
  • La regulación de los derechos digitales requiere un debate público previo. Es inadmisible que se haya constituido como una coletilla de la ley orgánica de protección de datos cuando tiene una entidad propia
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