Master del Centro de Estudios Reservas Coworking
18
Septiembre
2018

El Aula de Debate del ICAM regresó anoche de las vacaciones abordando uno de los temas más candentes del nuevo curso político y judicial: la Ley de la Memoria Histórica.

El acto fue moderado por el diputado de la Junta de Gobierno responsable de Formación, Raúl Ochoa Marcos, y contó con un panel de expertos compuesto por los letrados Enrique Garza Grau y Miguel Ángel Muga Muñoz; por el magistrado Ricardo Rodríguez Fernández, del Juzgado de lo Penal nº 11 de Madrid; y por la periodista de 13 TV Esther Jaén.

"A nadie le gusta"

Todos los ponentes coincidieron en que las víctimas tienen derecho a verse resarcidas, y dejaron patente su apoyo a las mismas, pero en cuanto a la Ley, como señaló Ochoa, ninguno de los ponentes se mostró satisfecho. Garza la tildó de "innecesaria", porque "sus objetivos ya quedaron cumplidos con la Transición y la Ley de Amnistía, que promovió el Partido Comunista en las primeras cortes democráticas". Además, Garza recordó las palabras que dirigió Marcelino Camacho en el Parlamento: “Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad”.

En otro extremo, para Muga la Ley tampoco cumple por cuanto "viola el Derecho Internacional Penal y la Convención Europea de Derechos Humanos, los derechos de las víctimas y sus familiares, y renuncia a declarar por ley la nulidad de todas las acciones represivas del franquismo".  Según el abogado, la norma "ya parte de un error en el sentido de contravenir el Derecho Internacional al aludir en su preámbulo al espíritu de reconciliación de la transición", pues la situación de "voluntad de reencuentro de los españoles", según explicó el letrado, se produjo en circunstancias antidemocráticas y con "500 muertos desde el año 75 al 81 a manos de policía armada y grupos paramilitares fascistas".

Muga se mostró muy crítico con el texto legal que "amnistía delitos de lesa humanidad y deja abandonadas a las víctimas" y, en este sentido, reclamó una nueva norma, dedicada exclusivamente a las víctimas del franquismo, y que "copiase el prólogo de la Ley de las víctimas de terrorismo".

En cuanto a su utilidad práctica, tampoco salió bien parada, ya que según matizó el magistrado Ricardo Rodríguez, "al amparo de esta Ley se han promovido muy pocas acciones, mucho ruido y pocas nueces".

Uso político de la norma

Paralelamente a su análisis jurídico, la memoria histórica es una constante en la actividad política del día a día. El presidente Sánchez, recordó Rodríguez, recientemente declaró que "acabar con los vestigios del franquismo era prioridad del ejecutivo", proveyendo una partida presupuestaria al efecto de 22 millones. Así, la ideologización que parece inevitablemente ligada a la norma fue otro de los focos de crítica de los miembros de la mesa. No es aceptable una Ley "cuya aplicación varía en función del color político", indicaba Jaén, pues ello conduce a una "justicia sectaria", tal y como apuntaba Garza.

"Entre los cuatro líderes de los partidos mayoritarios ninguno tiene la más mínima memoria personal del franquismo, ni siquiera de la transición o del Golpe del 23F", señaló el magistrado, que a su vez tachó de “preocupante y grave” la incapacidad de ponerse de acuerdo sobre las cuestiones clave que afectan al país.

Comisión de la verdad

Los aspectos más controvertidos de la norma también fueron objeto de duras críticas. En palabras de Garza, la Ley "intenta imponer una verdad única y unívoca considerando, ex lege, una serie de hechos como incuestionables". El letrado calificó de "absolutamente desmesurado" el art. 6 de la Ley referido a la figura de una Comisión de la verdad, "Una especie de censura previa inquisitorial y que no sirve para nada porque la propia Ley determina qué debe decir la comisión", remarcaba.

Y es que la contradictoria figura confronta directamente con el derecho a la libertad de expresión sancionado en el art. 20 de la CE: "No puede haber una sola versión de lo que sucedió en esos días; se pretende desvirtuar la historia construyendo una única versión. Cualquier persona más o menos ilustrada tiene a su disposición mucha bibliografía de lo que pasó antes, durante y después de la Guerra Civil", declaraba Rodríguez.

Situación del Valle de los Caídos

Finalmente, los ponentes también dedicaron un espacio a la cuestión en torno al monumento. De acuerdo con Jaén, no tiene sentido el "alboroto" creado en torno al tema ya que "ni Salazar ni Mussolini tienen monumentos funerarios. Hace muchos años que Franco no debería estar enterrado en el Valle de los Caídos, pero a lo mejor lo sensato no era convertirlo en un tema estrella y hacerlo leitmotiv de los partidos políticos", declaró.

Sacar los restos de Franco del Valle era una acción "lógica y loable", señalaba Rodríguez, pero cuestionó que el instrumento empleado (decreto-ley) fuese el adecuado: "No se cumplen las razones de extraordinaria necesidad y urgencia que exige el art. 86 de la CE", afirmó.

Ochoa, por su parte, explicó la situación con otros países, v.g. los restos de los zares en San Petesburgo, personajes históricos que "no gozan de gran opinión en la memoria colectiva de los rusos” pero que ofrecen un atractivo turístico considerable. "El Valle de los Caídos es el 7º monumento más visitado de España constituyendo una fuente de recursos extraordinaria", indicó el diputado, sugiriendo la posibilidad de replantearse su situación "si no deja de ser un elemento que engrose las arcas del Estado, independientemente de las razones por las que visite”.

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