Master del Centro de Estudios Reservas Coworking
05
Septiembre
2018

El decano del Colegio, José María Alonso, acompañado de la vicedecana, Begoña Castro, ha mantenido esta mañana un encuentro institucional con la Fiscal General del Estado, Mª José Segarra, y con el Teniente de la Secretaría General, Guillermo García, con el objetivo de estrechar la colaboración y coordinación entre ambas instituciones y de trasladar a Segarra una serie de propuestas con las que contribuir a la mejora de la calidad de la Administración de Justicia.

En línea con el encuentro mantenido el pasado mes de marzo con su antecesor, los representantes de la Abogacía madrileña han transmitido a la nueva responsable del Ministerio Fiscal diferentes propuestas para potenciar la coordinación entre abogados y fiscales en asuntos como la defensa de las víctimas de delitos o la implantación de mecanismos de justicia restaurativa.

El ICAM ha propuesto aumentar la colaboración entre ambas instituciones para articular sistemas de defensa de las víctimas de la explotación de trata de seres humanos. Para ello, la idea es potenciar conjuntamente mecanismos ya existentes como el turno de oficio específico, implantado de forma pionera por el Colegio, o la Mesa de trabajo sobre esta materia que el ICAM desarrolla junto a otros organismos para favorecer la defensa de los derechos de las víctimas.

En este sentido, el ICAM también ha remarcado la importancia de redactar de forma coordinada con la Fiscalía un código de buenas prácticas que permita atender a las víctimas.

Las propuestas presentadas a Segarra recogen, además, la necesidad de promover una serie de reformas procesales entre las que destaca la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que fortalezca el secreto profesional, así como la importancia de revitalizar el protocolo de conformidades, con especial incidencia en el relativo a la Audiencia Nacional.

Para finalizar, el decano ha requerido que el Colegio esté presente en las reuniones de la Comisión técnica que prepara los trabajos de la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial cuando las materias puedan afectar al derecho de defensa.

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