01
Abril
2014

Vulnera derechos fundamentales y ataca a la independencia de los abogados

La vicepresidenta 1ª del Consejo General de la Abogacía Española y decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, el vicepresidente 2º y decano de Barcelona, Oriol Rusca, y el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo y vicepresidente de la Abogacía, Francisco Javier Lara, han mostrado hoy, en rueda de prensa, su rechazo al proyecto de Ley de Justicia Gratuita, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados.

Gumpert, Rusca y Lara han informado sobre las graves consecuencias que la aprobación del actual proyecto de Ley de Justicia Gratuita tendrá para los ciudadanos y los abogados adscritos al Turno de Oficio.

PERJUICIOS AL CIUDADANO

Los intervinientes  han  destacado que los nuevos importes establecidos por el proyecto de Ley para el acceso a la Justicia Gratuita son engañosos. Perjudican a las unidades familiares con una sola persona ya que antes de la reforma se requería un umbral de 14.910 euros anuales, mientras que ahora se reduce a 12.780 euros. Para unidades familiares de dos a cuatro miembros la subida del umbral es de apenas 80 euros mensuales.

Sonia Gumpert, ha criticado que “el texto del proyecto de Ley de Justicia Gratuita haya perdido la oportunidad de incluir la Mediación como alternativa en la solución de conflictos” y también ha lamentado que “se excluya el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) que descargaría de forma importante el número de litigios a resolver entre ciudadanos”.

El proyecto de Ley no resuelve los problemas reales de los ciudadanos, sino que perjudica la actual prestación de este servicio público para un colectivo vulnerable que necesita atención inmediata y cercana. Además quiebra el criterio general de capacidad económica del solicitante con derecho a Justicia Gratuita al extender este derecho a algunos colectivos y personas jurídicas (empresas), al margen de sus recursos económicos. En un contexto de recortes generalizados, ampliar este reconocimiento puede dar lugar a situaciones injustas y discriminatorias entre personas y colectivos y abocar a graves situaciones de viabilidad económica del Servicio de Justicia Gratuita.

TERRITORIALIDAD Y MÁS BUROCRACIA

El suprimir la obligación de residencia o establecimiento del abogado del Turno de Oficio en el lugar de asistencia al beneficiario de Justicia Gratuita imposibilita la atención inmediata y cercana a los ciudadanos, según la Abogacía. Será de imposible materialización el cumplimiento del plazo de asistencia letrada en tres horas cuando un abogado de Cádiz pueda atender a un ciudadano en Santander, especialmente en la asistencia a detenidos en dependencias policiales o en juzgado, teniéndose que abrir un nuevo período de tres horas, mientras el detenido espera la atención letrada. Esta medida dificultará además enormemente el control deontológico de los Colegios de Abogados al tener que sancionar las conductas negligentes de letrados que no están adscritos a su demarcación territorial.

Se burocratiza en exceso la Justicia Gratuita generando costes innecesarios al requerir la ratificación del beneficiario y justificación del mantenimiento del derecho para presentar recursos, al prever la revisión periódica de la concesión del beneficio como mínimo cada cuatro años y al imponer a los abogados obligaciones informativas y de traslado de resoluciones, cuyo incumplimiento conlleva la imposición de sanciones desproporcionadas.

Por otro lado, el proyecto de ley prevé un mecanismo de ratificación por el beneficiario de Justicia Gratuita que vulnera el derecho de defensa que obliga al abogado a interponer acciones y recursos en beneficio de los intereses encomendados. Además, se complicará significativamente la gestión administrativa de los Colegios de Abogados al tener que tramitar un nuevo expediente transcurrido un año desde la concesión del derecho, incrementando la burocracia y los gastos administrativos. La norma en trámite parlamentario abre una posibilidad indeseada de dilaciones procesales.

GARANTÍA DEL COBRO POR EL ABOGADO Y FINANCIACIÓN PÚBLICA

El proyecto de Ley ni respeta ni dignifica el trabajo de los abogados del Turno de Oficio al no actualizar los baremos de retribución del servicio de acuerdo con la importante labor social que desempeñan ni garantiza el cobro de todas las actuaciones que lleve a cabo el letrado ni asegura el pago puntual por las diferentes Administraciones de Justicia.

La norma en tramitación supone una invasión de las competencias autonómicas con una pretensión centralizadora, que podría conllevar una rebaja del 30% de los módulos de pago del Turno de Oficio en comunidades autónomas con competencias en Justicia. Además, el proyecto prevé que los abogados asuman los costes de una defensa cuando el cobro sea improbable al encontrarse el cliente en paradero desconocido.

El texto aprobado por el Gobierno no garantiza la financiación pública suficiente para mantener el sistema de Justicia Gratuita y sigue vinculando las tasas judiciales a la Justicia Gratuita, cuando es un hecho notorio que lo recaudado no se ha destinado a un Servicio que garantiza la defensa de los derechos fundamentales. Las tasas judiciales han demostrado el fracaso de la recaudación y el triunfo de la disuasión, con una reducción de los asuntos judiciales que llega hasta el 40% en la jurisdicción contencioso-administrativa.

RECHAZO A LA SOSPECHA SOBRE EL CIUDADANO

Se establece una sospecha hacia los  ciudadanos que soliciten tres veces al año el beneficio de Justicia Gratuita, salvo en el orden penal, que serán investigados específicamente.

La presunción de abuso por los ciudadanos y el engaño en el umbral de acceso recogidos en el proyecto de Ley de Justicia Gratuita sumados a la Ley de Tasas Judiciales, los anteproyectos de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y el de Seguridad Ciudadana añaden más dificultades para el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y un recorte de sus derechos fundamentales.

 

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