20
Abril
2016

Bajo el título “Retos legales de la impresión 3D. Desde la Bioética a la protección industrial”, la Sección TIC del Colegio organizó anoche, en colaboración con la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento (DENAE), una mesa redonda que completó el aforo  del Salón de Actos del Colegio.

El objetivo del acto era alcanzar una visión aproximada del impacto que esta tecnología, surgida hace ya más de dos décadas, tendrá en el derecho en los próximos años. Para ello la presidenta de la Sección, Paloma Llaneza, presentó y dio paso a los ponentes de la mesa redonda formada por Miguel Arjona, director de I+D en Altran España; Antonio Cueto, Senior European Counsel en Bird & Bird; e Ignacio Temiño, socio en Abril Abogados.

“En la actualidad, el mundo se encuentra en la industria 4.0, basada en el big data, la robótica y la logística”, comenzó Arjona. “Por ello, y conscientes de que Asia nos saca ventaja en el campo de la industria, desde Europa se van a invertir al menos 100.000 millones de euros en los próximos diez años para transformar nuestro tejido empresarial”.

¿Cómo se llevará a cabo esta transformación? “Se fomentará la construcción de pequeñas fábricas que compitan con la gran industria asiática”. De este modo, “el consumidor podrá encargar el producto que deseé, con las características elegidas y encargarlo a una de estas nuevas fábricas, la más cercana a su casa”.

Esta deslocalización presentará, como es lógico, posibles consecuencias legales, “como son el espionaje industrial, la piratería de archivos del diseño o ciberataques a los sistemas productivos europeos”, alegó Arjona.

Desde el punto de vista de la propiedad industrial, Cueto habló de lo lejos que queda ya la primera patente de impresión 3D, en 1971, y que ahora este fenómeno “presenta problemas en varios ámbitos legales que se ven afectados, como son la competencia, legislación sobre marca, protección de datos y aspectos fiscales; por ejemplo, se imprime en un sitio, pero el producto se ha diseñado en otro”.

En su opinión, “será necesaria la rápida tramitación de normas, para abaratar la producción y los materiales, que harán que sea barata y competitiva la impresión 3D”, ya dentro de una regulación.

Por su parte, Temiño aportó su visión desde la propiedad intelectual, y tiene claro que habrá que determinar “hasta qué punto los archivos CAD (que soportan los diseños 3D) están protegidos como si fueran un software, algo ya descartado en Estados Unidos”. El futuro de esta nueva industria, más allá de los derechos de autor, necesita “abogar por una legislación general que englobe toda esta área, incluyendo las webs de intercambio de archivos, los aspectos sanitarios, garantías al consumidor y el transporte”, entre otras.

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